Los apologistas del socialismo del siglo XXI se han declarado como los verdugos de la democracia representativa y liberal. Dicen ser los defensores de un modelo de democracia más perfecta y virtuosa que la “cobarde” democracia fundamentada en el liberalismo: la democracia participativa, protagónica y popular. Por ende, si las personas que forman parte de un país tienen participación directa en las decisiones del gobierno, no necesitan de los controles legales e institucionales del estado de derecho liberal, para proteger los derechos individuales. El Estado en consecuencia puede tener el poder absoluto sobre cada una de las personas que gobierna sin peligros de tiranía, dado que las mismas personas gobernadas de manera directa, ejercen el poder. Todo lo cual es un craso error.

Como decía Manuel Caballero, por muy virtuosos que sean los gobernantes que dirigen una república, si se les da poder con poco o ningún límite, crearán al poco tiempo una casta política corrupta hasta los tuétanos. En este primer punto el problema reside en que las personas confunden la moralidad pública como una cuestión de honestidad personal. Una república no es virtuosa porque la manejen hombres probos, que no ceden jamás a la tentación. Una república es virtuosa cuando incluso la manejen criminales que con gusto saquearían el tesoro nacional, más no podrían hacerlo gracias a los poderosos mecanismos institucionales y legales que impiden que los gobernantes abusen del poder que se les ha otorgado.

Porque el verdadero origen de la corrupción no es la condición social, racial, sexual, nacional, partidista, civil o militar, religiosa o seglar de un individuo o un pueblo. Igual se corrompen los gobiernos de Arabia Saudita y de Israel, de Noruega y de Egipto, de Estados Unidos y de Francia,  de Inglaterra y de Venezuela. El verdadero origen de la corrupción es el poder y cuanto menos controlado esté, la corrupción y la opresión campearán de manera masiva.

La otra coartada para los defensores del socialismo del siglo XXI es que si el pueblo ejerce directamente el poder, no hay que ponerles trabas a dicho poder. Sin entrar en detalles sobre la imposibilidad que todos los ciudadanos de una sociedad puedan ejercer el poder directo del Estado, examinemos la premisa “En una verdadera democracia, la voz del pueblo está por encima de cualquier ley”. Suena bien, pero revisemos la democracia antigua y veremos que en ese pasado supuestamente idílico en que los griegos ejercían el poder político directo sobre el gobierno, en sus asambleas pasaban algunas cosas. Por ejemplo, la batalla de las islas Arginusas (año 406 a.C.), tras la que unos generales atenienses fueron juzgados y condenados por una asamblea popular que obvió las formalidades legales a capricho. “Es intolerable que se impida al pueblo hacer su voluntad”, argumentaron los demagogos de la época, proclamando la superioridad de esa voluntad del pueblo frente a la ley que aplicada con rigor, habría exculpado a los generales. Y lo que es más significativo, amenazaron a los jueces, si se oponían al deseo del pueblo soberano, con ser declarados culpables junto a los generales. Y los generales fueron ejecutados. Sólo un hombre llamado Sócrates, que era uno de los jueces, se negó a avalar esta aberración. Sócrates no reconocía otra autoridad que la ley. Y fue el único dentro de esa orgía de demagogia.

El pueblo y los políticos atenienses nunca perdonaron a Sócrates el no aprobar esa democracia directa y protagónica que estaba por encima de las leyes y las regulaciones institucionales, una decisión imposible de concebir en un Estado sólido, adulto, seguro de sí mismo y de sus instituciones. Y eso influyó más tarde en su proceso, cuando fue sentenciado a suicidarse bebiendo veneno. Sócrates fue fiel a sí mismo, permaneció en Atenas, acató la ley que lo condenaba, y pagó con su vida aquella digna coherencia. Porque Sócrates sabía que la voluntad popular nunca está por encima de la ley. Esa voluntad, respetando los mecanismos institucionales, puede crear leyes, reformarlas, anularlas, PERO JAMÁS VIOLARLAS.

Las 5 noticias más importantes

Un reporte periódico de actualidad a fin de conocer de forma más cercana la situación cotidiana de la propiedad privada en Venezuela.

1.– Sundde exigió a agroindustrias que respeten precios de diciembre

El superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, se reunió con representantes de industrias productoras de azúcar, aceite y oleaginosas, así como productores, para exigirles que respeten los precios que se establecieron en diciembre pasado.

2.-  Para verificar adecuación de precios Sunnde ha fiscalizado 93 empresas

Un total de 93 empresas productoras han sido sometidas a fiscalización, por funcionarios de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de los Consumidores (Sundde), para verificar que se esté cumpliendo la adecuación de los precios, a los niveles que tenían para el 15 de diciembre, señaló el Superintendente William Contreras.

3.- Gobierno regional recicla fórmulas fracasadas con nuevo esquema de racionamiento de alimentos por semana

En medio de un intenso desabastecimiento de alimentos, visible en los estantes de los supermercados locales, el vocero del Estado Mayor de Alimentación del estado Bolívar, general de división Edgar Delgado, informó que en dos semanas se pondrá a prueba en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar un nuevo sistema automatizado de comercialización que fijará un tope máximo por semana a la compra de productos básicos.

4.- Ajuste de precios ordenado por la Sundde impide producción en Albeca

La orden fue acatada, pero ya no hay margen de maniobra para seguir produciendo. En Alimentos Berríos C.A., (Albeca) bajar los precios de venta al consumidor, como lo exigió en diciembre la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), le salió caro y actualmente no cuentan con los recursos para comprar materia prima.

 5.- Alcaldes oficialistas desacataron al gobierno al intentar retener reses

Más de 100 productores se presentaron en Valle de la Pascua, Guárico, donde las autoridades regionales pretendían retener 15% de la carne, se reunieron en el lugar donde se encontraba la gandola para expresar que no aceptaban que se bajara ni un kilo de carne.

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