En 2006, el Gobierno asumió un cambio drástico en su modelo económico. Bajo la etiqueta de “socialismo del siglo XXI”, el Gobierno desarrolló un modelo centrado en el control del Estado sobre toda la economía. Ello supuso un incremento del “Estado-empresario”, es decir, de las empresas públicas gestionadas por el Estado.

La existencia de empresas públicas no es una novedad en Venezuela: durante los últimos años del gomecismo se crearon las primeras empresas públicas. Luego de la nacionalización petrolera, el Estado-empresario se convirtió en un principio central del modelo económico.

Pero en 2006 se acudió a una técnica distinta: las empresas públicas fueron creadas para gestionar activos que fueron “expropiados” por el Estado.

¿Cuántas empresas se expropiaron? El cálculo resulta difícil, por lo desordenado de las medidas adoptadas. El Observatorio de Derechos Propiedad calcula así que, entre 2005 y 2015, se llevaron a cabo 1.167 expropiaciones, como han recordado Anabella Abadi y Richard Obuchi en un reciente trabajo publicado aquí en Prodavinci.

El resultado de esa errática política es un conjunto de empresas y activos en manos del Estado,muchos de los cuales no se encuentran productivos. Basta el ejemplo del café: las torrefactoras expropiadas trabajan a menos de 10% de su capacidad, según se ha informado.

¿Qué se puede hacer con todas esas empresas y activos expropiados?

Entendiendo el problema

Lo primero que hay que hacer es comprender la entidad del problema. En Venezuela, como digo en clases, la palabra “expropiación” es un cajón de sastre, pues bajo esa expresión se recogen distintos tipos de medidas. Esto hace que, en una paradoja propia de nuestro realismo mágico, no toda empresa expropiada está expropiada.

¿Cómo es eso?

La expropiación implica la transferencia forzosa de un bien, típicamente, del sector privado al sector público. Para ello es necesario cumplir con varias fases descritas en la Ley de Expropiación. Según esa Ley, el Estado sólo adquiere la propiedad luego del pago de la justa indemnización expropiatoria.

Sin embargo, buena parte de las empresas, activos y tierras que han sido “expropiadas”, en realidad, siguen siendo propiedad del empresario privado, en tanto el Estado sólo ha dictado una medida de ocupación o intervención.

El procedimiento estándar es, más o menos, el siguiente. El Presidente anuncia la expropiación de determinada empresa o activo —como tierras— alegando violaciones a la libre competencia, al medio ambiente o a los derechos de los consumidores. En el caso de las tierras los argumentos usuales han sido su carácter ocioso —al considerarse que no son tierras productivas— o en todo caso, la ausencia de un título “legítimo” de propiedad privada.

Al día siguiente, la empresa o el activo es ocupada por algún instituto del Ejecutivo, por ejemplo, el hoy desaparecido INDEPABIS. En algunos casos la ocupación es ordenada por un Tribunal.

Luego de esa ocupación, el Estado pasa a gestionar la empresa o activo, para cual incluso se llegaron a crear empresas públicas. El detalle está en que esos activos, aun cuando son utilizados permanentemente por el Estado, siguen siendo de propiedad privada, pues el Estado nunca adquirió formalmente la propiedad.

En otros casos el Estado sí adquirió coactivamente la propiedad privada, no siempre siguiendo el procedimiento expropiatorio y no siempre pagando la justa indemnización.

Por ello, cuando hablamos de empresas, activos y tierras expropiadas en Venezuela, debemos saber que hay dos situaciones muy distintas:

1. Los activos que son utilizados por el Estado, quien no es titular del derecho de propiedad.
2. Los activos que son utilizados por el Estado en su condición de propietario.

¿Qué se puede hacer?

Estas expropiaciones, ocupaciones o intervenciones sobre empresas, activos y tierras, en la medida en que violaron la Constitución y la Ley de Expropiación, constituyen limitaciones injustificadas a la propiedad privada.

Según los casos, el propietario puede tener, básicamente, dos tipos de derechos:

1. El derecho a la restitución de su propiedad.
2. La correspondiente indemnización de los daños causados.

Si la empresa nunca fue expropiada, la restitución de la propiedad supone devolver el uso de la empresa o activo “expropiado” a su legítimo dueño. Si la empresa fue ya expropiada, esa restitución pasa por revertir la adquisición forzosa realizada de manera ilegal, transfiriendo la propiedad al propietario original.  Todo ello deja a salvo el derecho a la compensación por los daños causados.

¿Pueden privatizarse las empresas públicas?

Una posibilidad, según vimos, es devolver las empresas formalmente expropiadas a sus originales propietarios. Es también posible vender esas empresas a un tercero, dejando a salvo el derecho a la compensación del dueño original.

Aquí conviene señalar que todo traspaso de una empresa pública al sector privado es una privatización.

La palabra privatización se ha estigmatizado, al punto que, al menos hasta no hace mucho, su sola mención podía constituir una suerte de herejía. Como todo estigma, se trata de una visión distorsionada de la privatización.

La privatización es absolutamente compatible con la Constitución. Basta un solo argumento: el artículo 272 de la Constitución permite privatizar establecimientos penitenciarios. Si ello es admitido bajo la Constitución, tanto más debe admitirse la privatización de empresas públicas improductivas.

De hecho, bajo la Constitución, solo excepcionalmente queda prohibida la privatización: los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución.

Pero fuera de esa prohibición, la privatización es admitida bajo la vigente Constitución.

Es más: según el artículo 84 del Decreto contentivo de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, el Estado debe “enajenar los bienes públicos de su propiedad que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades…”.

Basta esta norma, y de acuerdo con el procedimiento diseñado en la Ley Orgánica de Bienes Públicos, el Estado pueda enajenar las empresas públicas derivadas de la errática política de expropiación al sector privado. Esa decisión es plenamente justificada en relación con las empresas públicas que podrían ser mejor gestionadas en manos privadas.

Otra opción es permitir que la inversión privada gestione estos activos expropiados, sin transferir su propiedad al sector privado. Este tipo de acuerdos es permitido en el marco del vigente Decreto-Ley que promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional.

Como puede apreciarse, la Constitución y las Leyes vigentes permiten transferir empresas y activos en manos del Estado a la inversión privada, e incluso, permiten confiar a la inversión privada la gestión de tales empresas y activos.

Esta es una opción que debe discutirse seriamente en Venezuela. Frente a los argumentos irracionales en contra de la privatización -repletos de lugares comunes- creo importante abrir con seriedad el debate en Venezuela acerca de la privatización como solución frente al conjunto de empresas públicas que el Estado gestiona deficientemente como resultado de las medidas de expropiación implementadas desde 2006.

Fuente: Prodavinci