El drama de las mujeres que el lunes tomaron la casa hogar de las monjas de El Valle, adquiere una nueva dimensión cuando se visitan los apartamentos donde viven. Todas reclaman un techo al gobierno que se los prometió. En la vivienda de los Guinand, 65 metros, sus 20 habitantes no caben en una foto

Lorena Meléndez G.– En los 65 metros cuadrados del apartamento de Juana Salazar, en elConjunto Residencial Juan Manuel Cajigal, en El Valle, viven sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Hay literas en dos de las tres habitaciones, y, sobre estas, colchonetas que se bajan en las noches para que todos puedan dormir. Sólo en su cuarto, hay cuatro que pasan la noche: ella y su esposo en una cama matrimonial y una de sus nietas, con su bebé, sobre un jergón que ponen en el suelo.

“Aquí vivimos 13 y mire cómo estamos. Pero hay casas donde hay muchas más personas”, cuenta la mujer que llegó a los bloques hace 15 años, un urbanismo donde vivir “arrimado” se ha vuelto común. Los niños que arribaron allí ya crecieron y se han multiplicado. Los padres de aquel entonces son abuelos o, como Salazar, bisabuelos. Pocos se han ido. La mayoría continúa viviendo bajo el mismo techo.

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Para usar el baño en las mañanas, en casa de Salazar, hay que esperar turno 

Buena parte de las mujeres que invadieron la madrugada del lunes la Casa de Acogida y Rehabilitación Padre Machado provienen de estos edificios de cuatro pisos y paredes prefabricadas, que fueron entregados en 2000 por el entonces presidente, Hugo Chávez. A los edificios empezaron a llamarlos “los chavecitos”. Eran los primeros que el nuevo mandatario concedía a los necesitados.

El conjunto residencial era una solución habitacional para los residentes de Nueva Tacagua, aquel desarrollo que el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) edificó durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez sobre terrenos inestables. A finales de los ochenta, comenzaron a venirse abajo.

“Si se metieron ahí (en la casa de acogida) fue porque querían llamar la atención”, señaló Salazar, mientras mostraba cómo su familia se distribuía cada noche en las habitaciones, cómo debían turnarse para usar el único baño de la casa. Una de sus hijas y dos de sus nietas participaron en la toma del lunes. Ingresaron a la fuerza en la institución que mantienen las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía y, desde allí, con las monjas y algunos pacientes cautivos, exigieron que les dieran un lugar dónde vivir sin hacinamiento.

Siuls García, hija de Salazar, no entró a la edificación, pero desde afuera apoyó a su familiares. Ahora, como asistente del consejo comunal de los bloques, ha ayudado a que el grupo de tomistas se organice y a que su reclamo se vuelva eficaz. Aseveró que en el lugar se han hecho numerosos censos para registrar a quienes necesitan vivienda. La solución, sin embargo, nunca llega. Todas esperan que les den un techo tal como, hace tres lustros, se los entregaron a sus padres.

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El refugio de la familia

En el apartamento de los Díaz Herrero también se sufre de hacinamiento. Allí, 14 personas deben dormir entre las camas que hay en los tres cuartos y las colchonetas que en las noches se llevan hasta la sala. En total, cuatro familias deben hacer vida en una sola vivienda.

Aiskeli Vilera es una de las habitantes de la casa y es esposa de uno de los hijos de la matriarca. Llegó al lugar por necesidad, pues en 2005 un aguacero derrumbó las paredes de su domicilio, ubicado en el barrio San Luis de El Valle. Tras quedar damnificada, pasó los primeros años donde su mamá, mientras su pareja se quedaba con su familia. Hace seis años, con la llegada de su hijo más pequeño, decidieron juntarse otra vez y asentarse donde su suegra.

“Aquí vivimos de censo en censo y nunca nos dan solución. Nos dicen que hay casas en Charallave y después no hay. Que hay en Cúa y tampoco hay. Hemos metido papeles por todas partes para que nos ayuden. Estamos desesperadas”, afirmó la mujer que tiene dos hijos y trabaja esporádicamente como vendedora informal.

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En esa misma vivienda hay otra damnificada. Yerfrangerli Herrero, de 19 años, es una sobrina de la matriarca y llegó allí luego de que el lugar donde vivía alquilada se le incendiara. “Yo perdí todo hace dos años”, comentó la muchacha que tampoco tiene un ingreso fijo y debe estar pendiente de sus dos niños, que no superan los cuatro años.

Siete años de desesperación

Juan Manuel Centeno lleva doblado en su cartera el documento del Inavi que certifica que,hace siete años, le adjudicaron un apartamento en Guatire y jamás se lo entregaron. Se supone que a estas alturas debía ser uno de los habitantes del urbanismo Bosques del Ingenio, pero en su lugar le ha tocado permanecer con sus tres hijas y sus dos nietos en una de las habitaciones de la casa de su mamá. Los otros dos cuartos los tienen sus hermanas, quienes también los comparten con sus vástagos. Son 17 en total.

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El retrato de los Centeno está incompleto. En la casa viven siete familias

“Yo apoyé a mis hijas porque tengo siete años con esta desesperación”, dijo Centeno, quien ha tenido que armarse de paciencia para continuar peleando por la vivienda que nunca pudo disfrutar y que, según denunció, fue habitada por otra familia. Sus hijas mayores, cada una con un bebé en brazos, también invadieron la casa hogar de las monjitas, y no tenían intenciones de abandonarla si no obtenían una solución rápida.

“Que nos manden, aunque sea, para un refugio”, decía el lunes Teilen, de 21 años, una de las descendientes de Centeno. Para ella, convivir con tantos ha sido un proceso más que complejo. En la casa se llegó al acuerdo de dividir estrictamente los horarios de las zonas comunes, como baños y cocina, para que todos pudieran utilizarlas sin incomodar al otro. Si alguno pierde su turno, tiene que esperar a que la ronda se cumpla al completo.

Diez años de alto riesgo

La vivienda de María Elena Cegarra tiene paredes abombadas, tuberías mal selladas y un olor a humedad que impregna cada una de las habitaciones. Si bien varios de los apartamentos del conjunto residencial presentan problemas de filtraciones, el caso más grave es el suyo: desde 2005 fue certificado como “de alto riesgo” por la Alcaldía Mayor. La constancia que le entregaron para informar la situación no le ha servido de nada para solucionar su problema.

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Las humedades están por toda la casa de Cegarra

“A mí me han dicho que me van a sacar de aquí y no me sacan. Me prometieron otra casa, después me dijeron que me iban a llevar a un refugio, pero tampoco”, comentó la mujer en cuya residencia viven tres familias: las de sus hijos, que ya tienen pareja y la hicieron abuela.

A pocas puertas de distancia, está el domicilio de Lolimar Palacios, quien vive arrimada con sus hijos y nieto en el apartamento de su mamá. Es ella quien desde hace más de una década ha llevado la batuta al momento de denunciar el hacinamiento que se sufre en cada casa, incluido la suya, y por eso, cada vez que le tocan el tema, muestra un fajo de papeles que documentan que el Gobierno, especialmente el Inavi, saben de su lucha y de cómo viven las familias de Cajigal.

Palacios no estuvo en la invasión. Afirmó que prefiere seguir en la pelea por la vía legal y no en acciones que puedan considerarse delictivas. Sin embargo, entiende la desesperación de sus vecinas, y las apoya mientras marca una distancia prudencial. No sabe si, dentro de unos meses deba adoptar la misma postura para lograr que al resto de la comunidad, que no ocupó la instalación, también se le tenga en cuenta.

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Palacios asegura que el Gobierno conoce sus años de lucha

“Esto no es nuevo, porque Juan Manuel Cajigal es una comunidad organizada. Si ellas tomaron esa decisión, nosotros las apoyamos. Y si esa es la única manera de que nos presten atención, tendremos que meternos en la toma. Yo creo que la próxima acción será poner carpas en las áreas verdes para ver si así nos toman en cuenta”, sentenció.

La esperanza

En la mayoría de las viviendas visitadas, las jóvenes madres están desempleadas. Tampoco estudian y sus parejas tienen trabajos con poca ganancia. Pese a la situación, afirman que quieren un techo propio que no necesariamente debe ser gratuito, pero sí con facilidades de pago.

Ese es el caso de Alicia Guinand, de 16 años, una de las dos madres adolescentes que tomaron la edificación de las religiosas. Desde niña vive con su abuela en un apartamento que habitan más de veinte personas entre primos, hermanos, sobrinos y tías.

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Más de 20 personas ocupan el apartamento, de 65 metros, de la familia Guinand

“Teníamos que buscar la manera de que nos tomaran en cuenta. Yo sí creo que logramos algo, nos dijeron que nos iban a ayudar y por eso fue que nos salimos”, comentó la joven con su bebé de meses en brazos.

El martes en la mañana, un día después de la polémica toma, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas, acudió a El Valle para hablar con las voceras del grupo. Además de ratificar la reunión que se acordó en la sede de la Vicepresidencia de la República para verificar la situación de las mujeres, les reclamó la ilegalidad de la acción que habían emprendido para pedir respuesta. Ellas, sin embargo, argumentaron que esa fue la única manera de lograr que les prestaran atención a sus casos.

Fuente: Contrapunto.com