Para constatar las nuevas tarifas del servicio de televisión por suscripción, este miércoles, el superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, William Contreras, inspeccionó a las compañías Viginet (El Vigía) y Tovarsap (Tovar), en una acción conjunta con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

A la fiscalización asistió William Castillo, director general del ente rector en materia de telecomunicaciones y tras reuniones realizadas con los representantes de los sujetos de aplicación, Sundde ordenó como medida preventiva que las cableras cobren los montos anteriores al aumento en aras de garantizar su disponibilidad y accesibilidad a la población (Art. 27 Ley Orgánica de Precios Justos).

No es un dato menor que la Ley Orgánica de Precios Justos establece que ningún margen de ganancia superará el 30% (Art. 31), mientras que estas empresas pretendían aumentar sus tarifas 200%.

Hasta tanto el ente rector en materia de precios apruebe las estructuras de costos basadas en criterios contables, y las nuevas tarifas sean anunciadas y aprobadas por Sundde, los sujetos de aplicación Viginet y Tovarsap no podrán modificar los precios del servicio.

Adicionalmente los máximos representantes de Sundde y Conatel sostuvieron un encuentro con las víctimas del aumento, en la cámara municipal de la alcaldía La Azulita, y explicaron que el motivo de la medida preventiva, es garantizar sus derechos socioeconómicos y proteger al ciudadano.

El aumento arbitrario que entraría en vigencia desde el primero de mayo, afectaría el bolsillo de los habitantes de la zona que pasarían de cancelar 600 bolívares mensual a Bs. 1.800 disfrutando los mismos canales y un servicio que no funciona al 100% por las fallas recurrentes que presentan en su señal, mientras que el servicio de internet pretendía cobrarlo de 3 mil 600 hasta 12 mil bolívares mensuales según el plan de datos, de acuerdo con las denuncias de los afectados.

Los usuarios destacaron que es una buena acción la que realiza Sundde al revisar sus costos y gastos administrativos para determinar las causas del exabrupto aumento que pretendían ejecutar.

La fiscalización responde a las denuncias recibidas por ambos organismos en sus respectivas salas de atención al ciudadano.

Fuente: Noticias 24